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Las venganzas personales de Sánchez que pagamos entre todos

Mientras el equipo de gobierno presume en las fotos oficiales de la encendida de luces y del engalanamiento navideño, está a punto de cumplirse un año desde la sentencia del Tribunal Supremo que declara nulos los despidos perpetrados sin miramientos por el equipo de Sánchez en las navidades del 2012.

La sentencia del Supremo obligaba al Ayuntamiento a la readmisión inmediata de los litigantes, también exigía el pago de los salarios de trámite dejados de percibir desde el año 2012, incluyendo la cotización por esos 5 años a la seguridad social. Los salarios de tramitación no han sido abonados en su totalidad, las retenciones por IRPF se han aplicado por encima de lo establecido legalmente, y la cotización a la seguridad social de los salarios de tramitación que debía ejecutarse en los meses siguientes a la notificación de la sentencia no se han efectuado, con lo que el Ayuntamiento está incurriendo no sólo en un recargo innecesario por el pago retrasado, sino que además se juega una posible sanción ante la inspección de trabajo.

Como es sabido, desde el primer momento, el Ayuntamiento ya hacia lo imposible para impedir la correcta ejecución de la sentencia, llegando a readmitir a la mayoría de los ex trabajadores por una semana para despedirlos después. Otros fueron colocados en plazas provisionales que acabarían por proveerse con concursos públicos. Resumiendo: la mayoría acabaría de una forma u otra, de nuevo en la cola del paro.

Si bien, desde el Servicio de Empleo matizaban que el Ayuntamiento ha “boicoteado” el acceso a la prestación de desempleo, en un primer momento al no informar al SEPE a través de un certificado de empresa obligatorio las cantidades correctas cotizadas en los últimos 6 meses, así como no haber gestionado en plazo ni el alta en SS correspondiente ni el envío de las bases de cotización de estos 5 años a la TGSS. Lo normal es que un empleado que cesa en una empresa tenga su certificado de empresa con los datos correctos en 10 días, pero el Ayuntamiento ha tardado “10 meses”, y a fecha de hoy el SEPE se ha visto obligado, de oficio, a conceder la prestación por desempleo aun con unas bases a sabiendas incorrectas por cubrir las necesidades apremiantes de muchas familias que dependen de esta prestación y que el Ayuntamiento ha dejado en la estacada.

En definitiva, después de 10 meses, gracias a la intervención del SEPE y del sentido común, los nuevamente despedidos por fin cobrarán estas navidades; si bien, sólo una parte ínfima de lo que les corresponde, lo que abre la puerta a posibles reclamaciones por daños y perjuicios sufridos. Los afectados no descartan una ampliación de la demanda en estos términos.

Las perspectivas para el Ayuntamiento no son buenas, la dilación indebida empieza a perfilarse cada vez más como un acto de venganza hacia los que ganaron una sentencia contra el consistorio, los costes por este capricho ya se cuentan por miles, y la petición de responsabilidades hacia los autores empieza a estar sobre la mesa.

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REDACCIÓN

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