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El Ayuntamiento sigue negándose a acatar la Sentencia del Tribunal Supremo

Un requerimiento judicial obliga al Ayuntamiento a esclarecer el destino de los pagos a la Seguridad Social que afirma haber hecho pero que han dejado a los afectados sin derecho a cobrar la prestación por desempleo hasta hace poco.

El culebrón ya va para largo, un año ha pasado ya y los readmitidos por los despidos irregulares realizados bajo el primer mandato de César Sánchez siguen sin haber cobrado la parte íntegra de lo, según sentencia del TS les correspondía. No es únicamente que el Ayuntamiento se negará a acatar desde el primer momento la Sentencia en lo referente a la readmisión de los afectados, sino que ha sido el protagonista de una serie de actuaciones que como poco se sitúan a las orillas de la ley.

La obstrucción ejercida por el Ayuntamiento no parece tener otro fin que el de intentar causar perjuicio económico en los afectados para obligarlos a renunciar a sus derechos legítimos violados con el segundo despido, ha sido necesario un requerimiento judicial para poner fin a un bloqueo institucional que impedía el reconocimiento de los derechos ante el Servicio Estatal de Empleo. Los últimos movimientos son de enero del presente año, lo que hacen difícilmente creíbles las declaraciones del Alcalde en octubre de 2017 donde aseguraba estar al corriente de los pagos que se reclamaban.

La acumulación de una cantidad importante de torpezas en detrimento de los derechos de los trabajadores, la continua convocatoria de  plazas a medida y el despilfarro en políticas improvisadas  reaviva el debate sobre la cacería política y lo innecesario de los despidos realizados el año 2011.

La história es calabresa y ha dejado un sinfín de episodios que explicarían la cercanía de España a Botswana en los Rankings de corrupción:

Culpabilización contínua de subordinados

Pese a contar en la cadena de mandos del Departamento de Recursos Humanos con varios cargos ejecutivos, a parte de los políticos, el Ayuntamiento ha cogido la costumbre de relegar toda la responsabilidad a los empleados de menor rango. Así ante la jueza instructora del caso se llegó a afirmar en varias ocasiones que los pagos pendientes no se realizaban porque el auxiliar no tenía a bien realizar las gestiones, o que se realizaban mal porque el auxiliar se equivocaba. Cuestión de difícil credibilidad conociéndose que además el Departamento cuenta con varias asesorías externas, licitadas por cantidades desorbitadas (Licitación de 80.000 € para paquete de asesoramiento jurídico en lo Social)

Readmitir para luego volver a despedir.

En marzo de 2017 el Ayuntamiento readmite a los trabajadores durante una semana y los vuelve a despedir alegando la falta de trabajo para los puestos que debieran ocupar. 4 meses después convocan cerca de 20 plazas de todo tipo dentro de un programa subvencionado. Cuando las autoridades políticas quieren, sí que hay faena. Un discurso de contradicción contínua que deja entrever más una persecución que una aplicación aséptica de la ley.

Persecución sin cuartel

Finalmente 4 personas logran ser “reubicadas” por el Ayuntamiento, contando con la amenaza desde el minuto cero de que la plazas pueden ser convocadas en cualquier momento, efectivamente, la primera no tardó ni 10 días en ser convocada; una plaza de auxiliar de turismo, que una vez que fue ganada por una ex-asesora de César Sánchez, fue reconvertida en auxiliar de Alcaldía. Todo un proceso extremadamente turbio que pone en duda la necesidad real de la cobertura.

Culpabilización de los despedidos

La general situación de rechazo manifiesto por parte del Ayuntamiento hacía los readmitidos parecía no ser suficiente, llegando al extremo de acusar en vista judicial a dos de las readmitidas por circunstancias personales que impedían su incorporación inmediata. Una dinámica que se ha trasladado inevitablemente a la calle, dónde se ha generado la imagen de que los trabajadores que ganaron en el Tribunal Supremo como privilegiados que tendrían la vida resuelta.

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REDACCIÓN

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