CalpeLa Marina Alta

Otro varapalo Judicial condena al pago de 200.000 €uros al Ayuntamiento

Otra vez la actitud mantenida por la entidad conlleva el perjuicio de las arcas públicas, la gestión de los despidos proyecta sus consecuencias en un proceso marcado por la obstrucción política y los temas personales.

El pasado 12 de julio se emitió un auto judicial desde los juzgados de los Social de Benidorm que pretende poner fin a la rebeldía del Ayuntamiento de Calpe para terminar con la situación desesperada de los 12 trabajadores que lograron la anulación de los despidos del 2012.

Una historia de nunca acabar

El proceso no ha sido nada fácil, el camino ha estado plagado de trampas, zancadillas y mala fe por parte del Ayuntamiento. Lejos de acatar la sentencia del Tribunal Supremo del año 2016, el Ayuntamiento, primero se negó a la readmisión, luego admitió a algunos y volvió a despedir a otros.

La cosa no quedó ahí, a los readmitidos los fué echando poco a poco sacando las plazas que ocupaban a concurso público, con el fin último de quitárselos de encima lo más rápido posible sin que pudieran optar a quedarse. Una de estas plazas acabo siendo ocupada por la que fue asesora personal de César Sánchez en los últimos años.

A nivel de las indemnizaciones también se hizo trampa malintencionada. El Ayuntamiento, pese a tener remanentes de 14.000.000 de euros y una partida de 1.500.000 euros para los despidos contemplada en el presupuesto desde el año 2016 (ya sabían que iban a perder porque eran conscientes de la violación de derechos laborales que habían cometido), a día de hoy aún no ha pagado la totalidad de las indemnizaciones.

A los trabajadores despedidos se les pago parte, calculado sin pies ni cabeza, aplicando además la máxima retención de IRPF. Algunos expertos afirman que esto se hizo con la clara intención de causar un perjuicio y molestias a los trabajadores despedidos.

La ejecución de la sentencia 2 años después 

Una vez dictada el auto de ejecución y habiendo llegado a un acuerdo las partes, el Ayuntamiento, con la orden judicial sobre la mesa ya ha dejado pasar más de 2 semanas, arriesgando multas, intereses y apercibimientos. La primera decisión del alto mandatario del departamento de Personal fue irse de vacaciones. A día de hoy, la seriedad del auto no es percibida por las autoridades municipales como tal, si bien por desconocimiento o mala fe, cada día cuenta.

Muchos de los afectados, ante la clara desobediencia voluntaria a la autoridad jurídica declaran que “no descartan acciones legales para desvelar que tras todo esta dilación indebida hay una voluntad política malintencionada” y que “ni siquiera desde la más profunda incompetencia se puede entender este retraso”.

“Es otro episodio más con un despilfarro innecesario de los impuestos que pagan calpinos” alegan el grupo de afectados. Anuncian que en breve tomarán medidas para exigir la responsabilidad patrimonial y responsabilidad de todo este desastre; “el dinero público no puede estar en manos de gente tan retorcida”, afirman.

 

El Alcalde encaja una causa judicial con otra

 

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