Calpe

Empleados del Ayuntamiento se enfrentan a posibles responsabilidades penales por obstrucción a la justicia

La historia de los despidos se está transformando en un drama, la negativa del Ayuntamiento a cumplir la ejecución de la sentencia y los perjuicios sufridos por los (nuevamente) despedidos abren la puerta a una posible demanda penal.

Hace un mes que el juzgado de primera instancia de los Social de Benidorm dictó un auto para el cumplimiento forzoso de un acuerdo que pondría fin a un drama que dura ya casi 6 años. Ha pasado más de un mes y el Ayuntamiento no ha hecho nada.

No solo la hacienda municipal ha sufrido en materia de indemnizaciones y multas por incumplimiento, entre retrasos y acciones judiciales se ha gastado más de un millón de Euros de dinero público.  También algunos de los despedidos han tenido graves perjuicios ya que la (in)acción del Ayuntamiento les ha causado enfrentamientos con instituciones como SERVEF, Hacienda y Tesorería, alguno con resultados poco gratos, como el embargo forzoso de la pensión y tributaciones por encima de lo establecido. 

La negativa del ayuntamiento a estas alturas no se puede entender si no es con  un claro tinte revanchista, pocos creen ya en la teoría de la incompetencia. Ha quedado claro que el gobierno de César Sánchez quiere resarcirse de la derrota judicial y por haber puesto en duda la otrora “gran” jugada política de 2011 -los despidos indiscriminados de 80 empleados públicos bajo preceptos de sostenibilidad-. La nulidad por parte del Tribunal Supremo de los despidos supuso un duro golpe para su credibilidad política y personal.

Así, un grupo de afectados por esta nefasta gestión municipal, el pasado 13 de agosto cursó un primer escrito al Juzgado para informar de la negativa del Ayuntamiento a ejecutar, y para solicitar la  identificación del funcionario/a responsable del incumplimiento y la dilación indebida, a su vez se está barajando una querella criminal por una posible prevaricación.

Con esto se le acumulan las citaciones judiciales al presidente de la Diputación y su equipo de Recursos humanos. Recientemente fue la polémica aparecida alrededor de la “plaza a medida” que presuntamente se ha confeccionado para su propio hermano, y ahora se trata de identificar la “mano negra” que, aún disponiendo del presupuesto y una orden judicial, impide la acción de la justicia.

No es la primera vez que se acusa a Sánchez de utilizar los medios públicos con fines privados, con el tiempos empiezan a acumularse las causas judiciales por actuaciones parecidas.

Este encabezonamiento en el incumplimiento puede salir caro al Ayuntamiento y la ya socavada imagen de César Sánchez, que de momento solo ha sido requerido a identificar al funcionario responsable. Una vez hecho esto, podría tener que comparecer ante la justicia para explicar el continuado comportamiento díscolo del consistorio, momento en el que se vería si hay implicaciones políticas o si se dieron órdenes de obstaculizar por parte de las autoridades calpinas.

Previous post

AFIC-CREAMA presenta el segundo ciclo de formación en la Marina Alta

Next post

El dissabte 1 de setembre Xaló celebra la seua tradició vinícola en el Mercat de la Terra

REDACCIÓN

REDACCIÓN

Independiente como el que más, la verdad sólo conoce un camino.

No Comment

Deja un comentario