Una sentencia condena al pago de 10.000 €uros al Ayuntamiento por la vulneración de derechos básicos de una empleada
La política de personal del Ayuntamiento de Calp hace tiempo que se está llevando a cabo en los tribunales, rara es la semana en la que no aflora alguna sentencia condenatoria para el Ayuntamiento.
Al parecer, desde el departamento de Recursos Humanos liderado por la Concejal Ana Perles, de APPC se han apuntado a la moda de externalizar los conflictos laborales a los juzgados de los social, lo contenciosos-administrativo e incluso lo penal.
Una reciente sentencia condena al Ayuntamiento por el menoscabo a la integridad física y moral de una empleada, un asunto que se ha extendido a lo largo de varios años y en el que después de varias inspecciones de trabajo y sanciones dinerarias el tribunal da la razón a la trabajadora denunciante. Los casos de acoso suelen se llevados con discreción, pero el Ayuntamiento de Calp empieza a ser conocido por sentencias parecidas, como la de coacción a una trabajadora, archivada recientemente.
Si bien el Ayuntamiento no se ha pronunciado públicamente sobre este tema, cabe esperar que recurra la sentencia, ya que dispone de despachos externalizados de abogados y en última instancia no es su dinero el que gestiona.
Comienza a ser una larga lista la de los empleados públicos que sufren injusticias en el Ayuntamiento de Calp, la proliferación de denuncias coincide con la llegada de César Sánchez al poder y sobre todo con el polémico nombramiento del hermano de su concejal de Hacienda Paco Cabrera.
Se acumulan las condenas pero no hay asunción de responsabilidades por parte de los implicados
Fuentes internas denuncian que la gestión de personal se ha establecido como un comisariado político, premiando la afinidad y castigando la disidencia. Un argumento ya señalado por los denunciantes de los 80 despidos en el año 2012. Últimamente se ha visto confirmado en los medios que algo no encaja en la gestión de los recursos humanos públicos, las convocatorias de plaza acaban en los tribunales, como el caso de la plaza de programador en la que está involucrado en propio hermano del alcalde, las escandalosas gratificaciones extraordinarias que han vuelto a implantarse recientemente o las promociones a dedo del hermano del concejal.
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