El Ayuntamiento de Calp solicitará que el servicio itinerante de expedición del NIE llegue al municipio
La alcaldesa de Calp, Ana Sala y el concejal de Residentes, Marco Bittner, han mantenido una reunión con el Subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, con el objetivo de trasladarle la necesidad de reforzar los servicios administrativos dirigidos a la población extranjera de Calp. Entre ellos, le han solicitado que Calp pueda acoger el servicio itinerante de la Policía Nacional para expedir el Número de Identidad de Extranjero (NIE), al igual que el servicio de DNI, que se expide en Calp cada cierto tiempo. El subdelegado les ha remitido tratar este asunto con la Policía Nacional, con la que está previsto mantener una reunión próximamente.
De esta manera se pretende evitar que la población extranjera residente en Calp evite desplazamientos para la obtención de este documento, que una vez expedido les permite solicitar el certificado digital, en el caso de Calp, en la Oficina de Atención al Ciudadano. Y con el certificado digital pueden realizar un gran número de trámites.
Actualmente, el 62% de la población calpina censada está conformada por extranjeros, por lo que tener una atención personalizada, con trámites como el del NIE, “fomentaría en gran medida la integración de estos ciudadanos, además de mejorar su calidad de vida”, según ha explicado el concejal de Residentes Marco Bittner.
Durante el encuentro, la alcaldesa Ana Sala ha destacado la importancia de ofrecer servicios administrativos que se adapten a las necesidades específicas de la población extranjera. “Calp es un municipio diverso y multicultural, y es fundamental que todos nuestros ciudadanos, independientemente de su origen, tengan acceso a una atención adecuada que les facilite su integración y participación en la vida local”, ha señalado.
El Subdelegado del Gobierno, Juan Antonio Nieves, les ha informado de recursos para mejorar la atención a la ciudadanía extranjera como la existencia de un programa-contrato de la Generalitat Valenciana que permite al Ayuntamiento contratar un técnico sufragado por la administración autonómica y que estaría destinado a estas funciones, algo que desde el Ayuntamiento se está estudiando ya solicitar.
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